El Gobierno ha delegado funciones que no le corresponden por ley a terceros, dos asesores venezolanos del presidente, para el manejo de pruebas de COVID-19, según un reporte que se ha divulgado recientemente.
Casa Presidencial mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas del COVID-19 a un grupo de venezolanos, según documentos que se han conocido recientemente. Por ley, esas funciones le corresponden al Ministerio de Salud tutelarlas, han explicado especialistas a El Diario de Hoy.
Son ellos quienes deciden sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y quienes han ordenado no dar resultados a pacientes que lo soliciten.
Tres abogados consultados por El Diario de Hoy sobre la información que revela el memorando 2020-9200-200, que ya circula en redes sociales, coinciden en que los “delegados de CAPRES” han estado entrometiéndose en funciones del Ministerio de Salud y, específicamente, con el quehacer de personal técnico del Departamento de Laboratorios de Vigilancia de Salud Pública.
Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, opinó que el simple hecho de que haya personal extranjero colaborando con alguna dependencia gubernamental no es ilegal, pero sí puede ser un problema de país en términos del Derecho Constitucional de acceso a la información y al derecho que tiene toda la ciudadanía de estar informados, si se ha traído a esas personas con la finalidad de incidir en las personas encargadas de recopilar los datos y de transmitirlos de forma certera y fiable. Seguir leyendo
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