De izquierda a derecha, Rector Mauricio Loucel, UTEC; Rector César Calderón, Alberto Masferrer; Rector Andreu Oliva, de la UCA.

Daniel Trujillo
David Pérez
Geovani Montalvo
Ervin Cruz
Redacción Diario Co Latino

Los rectores de tres universidades pidieron anoche la derogación del decreto que da facultades extraordinarias a un magistrado de la Sala de lo Constitucional. Mientras el Foro para la Defensa de la Constitución (FDC) presentó ante dicha Sala, un recurso de inconstitucionalidad en el que se argumenta que las modificaciones a los artículos 12 y 14 del referido cuerpo normativo violan la Carta Magna.
El argumento del FDC consiste en que el decreto legislativo 743, que le da vida a las reformas a la mencionada ley, viola el artículo dos de la Constitución porque “irrespeta” la “perpetuidad de la ley”.
El presidente de la organización de la sociedad civil, José María Méndez hijo, explicó que las modificaciones permiten al legislador cambiar las condiciones procesales constitucionales a su conveniencia o deseo, durante un período determinado.
De hecho, las reformas aprobadas la semana pasada en el Congreso tienen un tiempo de vida de más de un año. Las modificaciones a la Ley Orgánica Judicial durarán hasta el 31 de julio de 2012, 14 días después que el Magistrado Presidente de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ, Belarmino Jaime finaliza sus funciones.
El presidente del FDC explicó que el decreto 743 es anticonstitucional por “vicio de forma” porque la Asamblea Legislativa no justificó las causas que motivaron las reformas a la Ley Orgánica Judicial.
Además, recalcó Méndez, debió seguir el proceso normal de formación de la ley establecido en la Constitución y no el proceso de creación de un decreto transitorio.
“Esto es una clara violación a la seguridad jurídica, reconocida en el artículo dos de la Constitución”, indicó el presidente del FDC.
Pero, los argumentos de inconstitucionalidad de Méndez hijo van más allá. El jurista explicó que el artículo uno del decreto 743 contradice la Carta Magna porque permite inhabilitar o designar a otros Magistrados de la Sala de lo Constitucional, aún cuando no fueron elegidos por la Asamblea Legislativa.
Según el presidente del FDC el artículo uno del decreto descompone “el diseño constitucional y, por ende, el Estado constitucional de derecho”.
También el abogado constitucionalista argumenta que viola la independencia judicial estipulada en el artículo 172, inciso tres, de la ley fundamental del país.
Méndez hijo manifestó que la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial, que establece el voto unánime para la emisión de fallos, “desnaturaliza la esencia del Órgano colegiado”, porque habilita que uno de los cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional se reserve el control de la emisión de las resoluciones.
Sin embargo, en las 26 resoluciones emitidas por demandas de inconstitucionalidad desde la Sala de lo Constitucional, 16 fueron aprobadas por 5 votos y 10 fueron emitidas con cuatro. Es decir, la mayoría de las sentencias relativas a procesos de inconstitucionalidad han sido pronunciadas por los votos de los cinco magistrados.
Otro de los argumentos del recurso de inconstitucionalidad radica en que vulnera el principio de división de poderes del Estado salvadoreño.
El artículo dos del decreto legislativo 743 “limita o anula” el control constitucional de las leyes conferido por la Constitución a la Sala de lo Constitucional, generando un desequilibrio entre los poderes de los Órganos del Gobierno.
Los cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inaplicable el decreto 743 porque es lesiva al ordenamiento jurídico nacional, según lo indica el artículo 185 de la Carta Magna.

Presidencia de la Asamblea exhorta al diálogo
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, exhorta a “un urgente diálogo nacional que facilite el entendimiento y permita superar la crisis institucional que atraviesa el país, propiciando la concertación entre los Órganos de Gobierno y el consenso de todos los sectores de la vida nacional”.
Reyes llamó a la conciencia nacional y a los sectores involucrados, para que reflexionen profundamente, “analizando con prudencia y sobre todo, anteponiendo el interés nacional frente al de sectores particulares o a intereses mezquinos”.
Aún con el llamamiento al diálogo de parte del diputado presidente de la Asamblea, las organizaciones de la sociedad civil irán el próximo jueves al Congreso con cientos de firmas recolectadas que piden la derogación de las reformas a la Ley del Órgano Judicial.
El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, dijo que la recolección de firmas es un acto de defensa y de respeto a la Constitución, a la institucionalidad y a la independencia de los tres poderes del Estado.
“Los partidos políticos han generado una crisis de institucionalidad en el país. Esto se da en el marco de la cancelación de los partidos PDC y PCN”, indicó Villalta.
El representante del ISD dijo que las reformas amenazan la gobernabilidad y dan una mala señal a los inversionistas internacionales.

PDC pide destitución
El ex magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Morales Herrera, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó, ayer, una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que pide la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
Morales acusó a la Sala de realizar interpretaciones que “ocasionan una auténtica reforma constitucional, para lo cual en ningún sentido son competentes”. Reiteró que los cuatro magistrados han excedido su ámbito de competencia jurisdiccional.
El PDC aseguró que este hecho no responde a los recientes acontecimientos del decreto 743, sino que es algo que evaluaba desde hace tres semanas y con motivo de las sentencias emitidas sobre las candidaturas no partidarias, y la proclamación de inconstitucionalidad sobre las elecciones de Morales Herrera y Moreno Niños como magistrados del TSE.
El ex magistrado amparó su demanda en el artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial, que establece en su literal “c” que un motivo de destitución a un miembro de la carrera es “el abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la Ley no le confiere”.

La pieza de correspondencia fue respaldada con la firma de la exguerrillera del ERP Ana Guadalupe Martínez, diputada del PDC, y será enviada a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Rectores universitarios piden derogar decreto y diálogo a presidentes
Durante el programa 8 en Punto, del canal 33, los rectores de la Universidad Tecnológica (UTEC), Alberto Masferrer (USAM) y José Simeón Cañas (UCA) pidieron que se derogara el decreto 743 y que se establezca una mesa de diálogo en la que participen los presidentes de los tres órganos de Estado.

El Rector de la UTEC, Mauricio Loucel dijo que los diputados deben demostrar humildad y “por patriotismo” derogar el Decreto 743, causante de la actual crisis institucional.

Además, “Se deben de reunir los tres presidentes de los tres órganos del Estado para tratar de gobernar juntos”, expresó Mauricio Loucel, Rector de la UTEC.

La petición lo secundaron los rectores César Calderón, Rector de la USAM, y el sacerdote jesuita Andreu Oliva de la UCA, quienes avalan la creación de una “comisión de notables” para dirigir las pláticas que puedan realizar Mauricio Funes, Sigfrido Reyes y José Belarmino Jaime.

El punto de encuentro podría ser cualquiera de las universidades, e invitaron al Presidente Mauricio Funes a dar el primer paso para ese diálogo.

Las autoridades académicas analizaron la actual crisis que viven las instituciones del Estado, llevando al culmen de la culpa a los partidos políticos que anteponen sus conveniencias al de la población.