Escrito por Stefanía Romero/Verdad Digital
Otro grupo de organizaciones sociales exigió, a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que no emitan una rsolución de inconstitucionalidad que vaya a alterar o a anular la aplicación de la Ley de Medicamentos, la que beneficia directamente a los salvadoreños con una baja considerable en el precio de las medicinas.

Esta vez fue el Movimiento Popular de Resistencia (MPR-12) quien presentó una carta a los magistrados Rodolfo González, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez. Después de cuatro días de protestas y exigencias de organizaciones sociales, los magistrados no se han pronunciado frente a las peticiones de los salvadoreños, pero sí admitieron un recurso de uno de los dueños de la cadena de Farmacias Económicas, Miguel Lacayo.

“Este día el sector cooperativo y sector agropecuario venimos a presentar una carta para exigir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, no emitir un acuerdo de inconstitucionalidad que vaya entorpecer el beneficio de la Ley de Medicamentos, aprobada por la Asamblea Legislativa, y de la cual estamos siendo beneficiados muchos salvadoreños antes que las grandes empresas”, manifestó Abel Ruiz, coordinador del MPR-12.

El coordinador del MPR-12 añadió que el próximo 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, todas las organizaciones y ONG`S harán presencia y apoyo masivo a La ley de Medicamentos, como tema central, incluyendo el aumento del Salario Mínimo y la Ley de Pensiones.

María Orellana, coordinadora del MPR-12, insistió, ”denunciamos a INQUIFAR Y a los dueños de las farmacias y droguerías como Alfredo Cristiani, Francisco Flores, Miguel Lacayo, Juan José Daboub, por tener amenazada la Ley de Medicamentos, valiéndose de la complicidad de los 4 magistrados de la CSJ, al admitir recursos de inconstitucionalidad”.

Durante esta semana, los dirigentes de Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguridad (CONPHAS), y La Corporación de Comunidades por la Cooperación de la Solidaridad (CORDECOM), también se pronunciaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir a la Sala de lo Constitucional respetar la Ley de Medicamentos, que beneficia al pueblo salvadoreño. Además, insisten en que los 4 magistrados “depongan sus cargos”.
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Beneficios económicos y sociales de la ley de medicamentos

César Villalona

La Ley de Medicamentos es muy beneficiosa para la población, pues con la reducción de precios de más de 4 mil medicamentos mucha gente podrá comprar medicinas que antes no compraba en la cantidad y el tiempo requerido porque eran muy caras. Eso significa un beneficio doble: mejores ingresos y mejor salud. Veamos solo dos ejemplos.
Una mujer que trabaja en una maquila, gana el salario mínimo (187.68 dólares al mes) y es hipertensa, o sea, sufre de alta presión, debe tomar dos medicinas: atorvastalina y atenolor. Con el cambio de precios de esas medicinas se ahorra 67 dólares al mes, que equivalen al 36% ciento de su salario. Con ese dinero puede adquirir más alimentos para ella y su familia.
Otro ejemplo seria el de una persona que es diabética y debe consumir gibenclamida y azitromicina. Con la reducción de precios esa persona se ahorraría 43.93 dólares al mes. (Ver cuadro).

Al reducir los precios de las medicinas y mejorar los ingresos de la población, la ley de medicamentos contribuye a redistribuir el ingreso nacional, una parte del cual pasa de manos de las droguerías y farmacias (bajo la forma de ganancia) a la población que vive de un salario, una pensión u otra forma de ingreso.
La ley también obliga a que haya medicinas en los establecimientos de salud. Este año el Ministerio de Salud Pública tiene asignados 70 millones de dólares para comprar medicinas para los establecimientos del primer nivel de atención y los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS). Con la baja de los precios la dotación de medicinas será mayor. Eso significa que más personas recibirán medicinas del sistema público.
En general, las cinco instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud podrán adquirir más medicamentos. Estamos hablando del Ministerio de Salud, el FOSALUD, el Seguro Social, Bienestar Magisterial y Sanidad Militar. Para la población atendida por esas instituciones, que son cientos de miles, la rebaja de los precios y la mayor dotación de medicamentos es un gran beneficio.
Como la ley también obliga a la Dirección Nacional de Medicamentos a establecer controles de calidad, las medicinas serán mejores. Para la industria nacional eso es positivo, porque se prestigia. Además, venderá más medicinas, porque la demanda de la población y de las instituciones del Sistema Nacional de Salud será mayor.
Para las empresas privadas también habrá beneficios importantes. Como una parte de la población podrá destinar más recursos para adquirir bienes y servicios, muchas empresas aumentarán sus ventas. Y como la salud de la población mejorará, la gente que trabaja en las empresas será más productiva. Ese beneficio también lo tendrá el sector público.