Editorial Colatino.
El año nuevo inició con un paro parcial del transporte colectivo y con un ilegal incremento al pasaje colectivo en algunas rutas. Según el gobierno, solo el 4% de un total de un mil 209 unidades se fueron al paro desde el 2 de enero, y que se supone será de forma indefinida.
Desde el primer año de gobierno, luego de ciertas medidas tomadas por los numerosos accidentes de tránsito provocados por motoristas irresponsables o por unidades del transporte colectivo en mal estado, se instaló una mesa de diálogo, en la que llegaron a más de una decena, de las cuales, muy pocas se han cumplido.
Los empresarios del transporte colectivo, que solo son propietarios de sus unidades, no así de la línea, se han dado el lujo de retar al gobierno cuantas veces han querido. Las asociaciones del transporte que hoy están en paro, luego de que las autoridades les impusieran una multa por haber incrementado sin autorización $0.10 ctvs. al pasaje, se dieron el lujo, en su prepotencia, de salirse de la mesa de diálogo con el gobierno. Los que no participan del paro, que son la mayoría de asociaciones de empresarios del transporte, son los que se mantienen en la Mesa de Diálogo del Transporte.
La Mesa de Diálogo, no solo ha discutido, o por lo menos conocido, desde el último trimestre del año pasado de la imposibilidad de sostener el subsidio de ley que feneció en diciembre último, que era $700.00 para autobuses y $400.00 para microbuses sino también que el Gobierno solo puede costear en el presente año el 50%, y así fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
Es decir, el Gobierno ha sido transparente y realista, en términos del subsidio a los transportistas.
Además, muy poco se ha hecho para convertir el servicio del transporte en una empresa rentable y moderna, más por displicencia de los empresarios que por las oportunidades que puedan obtenerse con la ayuda del gobierno.
Es necesario que el gobierno no dé marcha atrás, es decir, que no se deje doblar la mano por unos cuantos malos empresarios, pues, no saldríamos de nada. Esos empresarios están acostumbrados a vivir de la prebendas del estado, o mejor dicho “extorsionando” al Estado salvadoreño.
Ha llegado el momento de ponerle paro a los desmanes de los malos empresarios del transporte, y de paso, buscarle una solución definitiva a este problema público.
Vivir en democracia también implica respetar la ley, y es lo que no están haciendo los empresarios que han lanzado a sus trabajadores –motoristas y cobradores- a cometer delitos en las calles.