José Felipe Tobar, de 54 años, sobreviviente de la masacre ocurrida entre el 13 y 14 de mayo de 1980, en las riberas del río Sumpul.

David Ernesto Pérez
Redacción Diario Co Latino

Sin bombos ni platillos, pero con el fervor y respeto por los más de 900 asesinados en Las Aradas, Chalatenango, la Secretaría de Cultura (SECULTURA) declaró bien cultural protegido dicho lugar con el propósito de reparar a los familiares de las víctimas.

El caserío Las Aradas se ubica frente al Río Sumpul, y en este lugar, el 14 de mayo de 1980, efectivos militares de El Salvador, en complicidad con militares de Honduras, asesinaron a centenares de campesinos por habitar en zonas controladas por las fuerzas insurgentes.

La declaratoria por parte del ente estatal pretende convertirse en un acto de restauración histórica y moral, que a la vez abonará al proceso penal que aperturó el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la semana recién pasada.

“Las Aradas, creemos que es un lugar histórico, constructor de elementos sociales”, declaró en el evento conmemorativo, Sajid Herrera, Director Nacional en Investigación de Cultura y Arte.

La declaratoria reconoce que las fuerzas armadas del Estado asesinaron a gran número de campesinos de la zona, a la vez que la califica de “lamentable suceso que ha dejado huella en la población”.

Asimismo, prohíbe todo tipo de asentamientos en el lugar y la instalación de tendidos eléctricos, antenas telefónicas, gasolineras, entre otros.
A partir de ahora, Las Aradas también será un lugar en el que se realizarán investigaciones sociológicas, de historia, antropología, y de otras ciencias humanísticas.

“Se le da fuerza moral a la sociedad para no seguir ocultando sitios como este, es convertirlo en un referente para dar apoyo moral a estos procesos judiciales”, reiteró el funcionario de SECULTURA.

El Sumpul, cada año desde aquel 14 de mayo de 1980, recuerda a sus víctimas, a sus familiares, hermanos, tíos, padres y madres que murieron acribillados por las balas de las Fuerzas Armadas de El Salvador y la complicidad con sonrisa de media luna del Ejército hondureño.

Como siempre, los sobrevivientes y los habitantes de Las Vueltas, El Zapotal, y otros lugares aledaños descienden a pie varios cerros para llegar a las orillas de El Sumpul.

Una vez llegan al destino, conmemoran a sus muertos: les celebran misas, dramatizan el actuar de las fuerzas militares, escuchan testimonios y conviven con personas que llegan de Honduras.

La travesía no es fácil para nadie, incluso se rumora que han fallecido dos personas dada la inhospitalidad del terreno. Pero esto no detiene a los entusiastas de guardar la memoria de un hecho que conmovió a todo El Salvador.

En 1970, después del fin de la “Guerra del Fútbol” los gobiernos de Honduras y El Salvador establecieron una franja desmilitarizada de tres kilómetros en las fronteras de ambos países.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, el gobierno salvadoreño consideraba esta franja como “refugio de subversivos”, sumado a esto que las actividades contrainsurgentes aumentó el número de refugiados salvadoreños en el país vecino.

Cinco días antes de la masacre, las autoridades de los dos países se reunieron en Honduras; la prensa lo documentó ampliamente y lo difundió como un hecho singular.

El 14 de mayo, desde tempranas horas de la mañana, el operativo contra la población campesina arreció: casi un millar de personas fueron asesinadas tratando de huir hacia Honduras, las que lograron cruzar el Río Sumpul fueron devueltas por el ejército de esa nación y ultimados por los efectivos nacionales.

En ese ir y venir, Juan Tobar Lazo sobrevivió.
Él llegó a Las Aradas huyendo de la represión oficial, sin embargo, se encontró con un ataque letal. Centenares de personas eran asesinadas sin piedad, niños, mujeres y hombres morían acribillados.

Intentó cruzar el Sumpul pero estaba siendo ahogado por los cuerpos sin vida de algunas personas, se sumergió y llegó a la otra orilla. Desde esta evadió a los militares salvadoreños, se escondió y desde entonces cuenta su testimonio para mantener viva la memoria.

“Siempre cuento esto porque Dios me protegió (…) siempre hay que contar las injusticias del Ejército, siempre hay impunidad”, señaló el sobreviviente.
Algunas de las personas que evadieron al Ejército catracho llegaron hasta las aldeas más cercanas: unos murieron y los demás denunciaron los hechos con la ayuda de sacerdotes, entre estos Fausto Milla.

Semanas después de los hechos, los periodistas Gabriel Sanhueza Suárez y Úrsula Ferdinand, documentaron la masacre: restos óseos de las víctimas permanecían sin sepultura.