Licda. Norma Guevara de Ramirios
El 30 de abril finaliza el período legislativo iniciado el primero de mayo de 2009. Correspondió a este grupo de diputados y diputadas representar a una pluralidad en la cual el conjunto de fuerzas de derecha logró una correlación a su favor.
Lo cual se expresó en la concertación de acuerdos entre Arena, PCN y PDC para establecer un protocolo de entendimiento en virtud del cual asumirían las decisiones político- administrativas como bloque. Al PDC con cinco diputados le asignaron dos espacios en la Directiva, al PCN con 10 diputaciones le asignaron 3 espacios incluida la Presidencia de la Asamblea, Arena que encabezó la construcción del acuerdo se asignó 3 espacios, dejaron fuera de todo al diputado independiente y al FMLN que ganó 35 diputaciones, una vez habían acordado lo anterior, le reservaron 3 espacios en la Directiva.
El momento era difícil, se trataba de la transición presidencial cuando por primera vez la Presidencia de la República había sido ganada por la izquierda, por el FMLN y era lógico que la conjugación de fuerzas de derecha no estaba pensada para asegurar gobernabilidad al país sino para hacerla imposible. Las primeras decisiones lo mostraron cuando cambiaron la directiva del Registro Nacional de Personas Naturales RNPN quitando la atribución presidencial para su nombramiento; los primeros decretos auguraban un signo legislativo antipopular en el que se buscaba preservar la situación como si no hubiera cambio político alguno.
La irresponsabilidad frente al país se hizo más palpable cuando se pretendía dejar sin solución la bancarrota financiera del gobierno saliente. Fue preciso que el FMLN y el Presidente Funes, aún sin tomar posesión de su cargo, asumiéramos la búsqueda de soluciones para que pudieran pagarse las deudas a empresas, los salarios a los empleados y se repusieran los fondos de pago a acreedores internacionales que el gobierno se había gastado. Dentro de esas medidas se inscribió un endeudamiento de más de 2 mil millones de dólares que ahora los areneros y editorialistas le atribuyen al Presidente Funes aprovechándose de que habiendo sido aprobados en la Asamblea semanas antes de asumir, el cálculo de la fecha efectiva de la deuda cayó en su mandato.
La elección del tercio que correspondía renovar en la Corte Suprema de Justicia había sido plagado de obstáculos por parte de Arena. Primero cuestionaban la lista enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura; luego interpusieron amparo para atar las manos a la Asamblea por parte de la Sala de lo Constitucional, anterior que terminaron su mandato ordenando detener la elección y dejando sin resolver el amparo. El cuadro mostró la precariedad a la cual se le buscó solución ingeniosa pero en parte subordinando la constitucionalidad al capricho del bloque de derecha para evitar la acefalía de un órgano fundamental del Estado.
Similar dificultad se enfrentó para elegir al Tribunal Supremo Electoral, mostrando los areneros tanta miseria política y capricho que ni siquiera el espacio físico entregaron al Presidente electo en ese organismo. Anunciaron que “ardería Troya”, y en ese marco de endurecimiento de su actitud frente a los cambios ocurridos es que sus propias contradicciones les llevaron a fraccionarse, a crear crisis que se resolvió con la conformación de una nueva fracción legislativa y la conformación de un nuevo partido político.
El nuevo escenario facilitó que fluyera un debate legislativo tenso, permanentemente dificultoso por la diferencia de visión y de compromisos que a pesar de ello permitió conformar mayorías de diferente estructuración que dio en estos años importantes leyes al país que en otro tiempo eran difíciles de abordar. Reformas tributarias leves, leyes de protección a la mujer; a la juventud y la niñez, de ordenamiento territorial, de tarjetas de crédito, leyes para la intervención telefónica, para el precio de la telefonía, para el acceso a la información, para adecuar el código electoral a sentencias polémicas dadas por la Corte Suprema de Justicia, la aprobación temprana de las leyes de presupuesto y de salarios durante los tres años consecutivos. Importantes préstamos con destino para reponer obras cuyos fondos se perdieron como la del hospital de maternidad o la carretera Diego de Holguín.
Sobre esa experiencia controversial, el FMLN ha asumido la capacidad de concertar con todos, partiendo del interés de los sectores populares. Ha presentado una propuesta de un protocolo que facilite la integración y organización de la Asamblea en su nuevo período 2012 – 2015 de manera integradora, inclusiva, participativa, pero que también facilite responder a la necesidad de contribuir a la gobernabilidad democrática. Las condiciones son diferentes y ello obligará a considerar mayores dificultades que sólo pueden superarse uniendo más el primer órgano del Estado a los sectores sociales a los que se debe.