Acuerdo de Paz firmado en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, dejó claro que la seguridad pública sería tarea de civiles.
FMLN Suecia

La renuncia al cargo de ministro de Justicia y Seguridad pública de Manuel Melgar, fue justificada por el mismo compañero en su momento, entre otras, por la interrumpida comunicación entre él y el presidente de la república; actitud continuada por varias semanas.

Este era un claro mensaje de parte de Funes a no apoyar su gestión en tan importante cartera y en los momentos en que la seguridad pública es el tema de mayor trascendencia en el país.

Este naturalmente era un procedimiento de presión política del presidente, ya que normalmente la constitución le da autoridad para disponer del cargo de sus ministros, si estos han dejado de ser hombres de confianza, tal como lo hiciera en otras remociones que aunque de más baja relevancia, han marcado estilo y potestad del presidente.

Claro está que el cargo de Melgar fue parte del compromiso político del FMLN con Funes de compartir gobierno en carteras y ministerios ya que fue el partido que lo llevo a la presidencia. Lo que suena con lógica y coherencia.

No obstante es digno de aclarar que existen dentro y fuera del país, poderosas fuerzas que discrepan y hubiesen querido que el triunfo del FMLN el 2009 no hubiese sido; por lo que desde el mismo momento de la investidura de Funes han bregado por minimizar la influencia que el partido de gobierno pueda ejercer en las decisiones presidenciales.

En el caso concreto del Ministerio de Justicia y Seguridad pública, el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana ha hablado claro y con contundencia, manifestando que el relevo de Manuel Melgar, no había sido una decisión del Presidente y textualmente dijo “Es una decisión que no la tomó el Presidente de la República, él será simplemente un vocero, es una decisión que se tomó en algún lugar de la capital de Estados Unidos. Es una decisión en la que se pierde soberanía”.

La contundencia, del vocero de nuestro Partido, estamos seguros que hubiesen sido acompañadas de las disculpas pertinentes si la realidad nos dijera hoy lo contrario.

Estas declaraciones son muy graves y enlazan con las declaraciones de otros dirigentes del FMLN quienes también han marcado y tomado distancia de la postura de casa presidencial.

Hay que aclarar que al empezar el mandato de Funes en el 2009, el FMLN, asumió como acertada la designación como Ministro de la Defensa del General Munguia Payes; pues siendo este un militar con trayectoria y alianzas de su movimiento social, cercano a nuestro Partido, calificaba también en el impulso al gobierno del cambio; además que en ese contexto tenía lógica que este militar asumiera la cartera de defensa. Por lo tanto el FMLN no veta a Munguia Payes; sino veta el que la seguridad pública sea dentro del gobierno del cambio, el primer eslabón para empezar a desandar el camino de la construcción de más democracia y pudiésemos retornar a una Seguridad Pública con reglas y doctrina militarizada.

Específicamente Seguridad Pública en nuestra historia y sociedad, tiene un componente de carga política que nos remonta a lo que era la Seguridad Pública antes de la guerra civil de mediados de los 80s, que siendo esta militarizada, sirvió como un instrumento de represión, de triste recordación; lo que hizo que en los acuerdos de paz se puntualizara el rol de los militares y la Fuerza Armada a quien de todas las competencias o misiones que tenía solo se le dejaron dos; la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio; dejando para la Policía Nacional Civil la seguridad pública. Esto es así por el espíritu y los acuerdos de Paz; que naturalmente en su momento tuvieron la oposición de los mismos sectores que hoy muy alegremente apoyan la llegada de un militar a este ministerio.

Los avances del Gabinete de Seguridad actual y el ex Ministro Manuel Melgar, en la lucha contra la inseguridad, han tenido a la fecha, resultados importantes y positivos, que lamentablemente la derecha del país y sus medios de comunicación han querido en todo momento, darle más publicidad a las estadísticas del delito y específicamente a aquellos que impactan mediáticamente en el ciudadano común; cuando por ejemplo se oponen a contribuir con un impuesto para Seguridad.

La lógica nos dice que en cualquier país del mundo el ciudadano común quiere vivir en un país cuyas autoridades le garanticen su seguridad; para lo que el esfuerzo institucional y el ciudadano tiene que ser compartido. Esa es la clave para un real combate a la delincuencia; por lo que no es cierto que un militar o un civil harán la diferencia en resultados a lo que Melgar venía haciendo, si la seguridad pública no cuenta para la prevención, el combate y represión del delito, con los recursos necesarios.

Es un gran riesgo que en plazos cortos o cambiando el gabinete de seguridad o peor aun militarizando al estilo mejicano la metodología en el combate a la delincuencia, se asuma la Seguridad Pública con receta de intereses internos especialmente de la derecha que por más de dos décadas no han demostrado estar por ver los problemas de seguridad y sus soluciones como problema de Estado; o lo que sería peor, que el gobierno asuma recomendaciones que viniendo del extranjero, quieran a cambio de promesas, vulnerar nuestra soberanía política.

En el discurso de juramentación, el nuevo ministro, debemos creer, que habla con sinceridad, al acotar que no va a hacer magia, pero asume que tiene un compromiso por desempeñar con la sociedad entera. Como ciudadanos y militantes le damos desde ya el beneficio de la duda y seguiremos puntualmente su trabajo y resultados y serán estos los que acompañen o rechacen lo que haga o deje de hacer; y reiteramos que desde la firma de los acuerdos de paz somos los efemelenistas los más fieles defensores de lo que estos plasman y cualquier actitud política por militarizar la seguridad pública, tenemos que decirlo claro y contundente, que vulnera el espíritu de los acuerdos que terminaron con la guerra civil; guerra que ningún político con meridiana inteligencia quiere volver a repetir y al señor Presidente y todos los que aplauden la llegada de un militar a la Seguridad pública les recordamos que el Acuerdo de Paz firmado en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, dejó claro que la seguridad pública sería tarea de civiles.
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Sigfrido Reyes, alto dirigente del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, no niega la posibilidad que su partido acuda a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento presidencial del militar retirado, David Munguía Payés, como ministro de Justicia y Seguridad, al tiempo que criticó la forma en que el presidente de la República, Mauricio Funes, se expresó contra uno de sus colegas efemelenistas.

Durante una visita a DIARIO LA PÁGINA el jueves, Reyes respondió de la siguiente manera si harán uso de ese recurso: “Aún no hemos discutido este punto, absolutamente no lo descartamos”.

El presidente Mauricio Funes dijo, en la entrevista televisiva de TCS, que si el FMLN le demuestra que con el nombramiento de Munguía Payés se viola la Constitución de la República o de los Acuerdos de Paz, entonces aceptará los señalamientos.

“Quien puede decidir sobre esto no es el Presidente de la República, es la Sala de lo Constitucional, y ése es el máximo tribunal constitucional del país, y creo que cualquier recurso en torno a este tema no es el Presidente de la República, sino la Sala de lo Constitucional, quien deberá resolver”, respondió Reyes

Con eso queda evidenciado que el frente espera que esa situación ahora se dirima por medio de la instancia judicial, y que ya no buscará sentarse con el Presidente Funes para revertir tal decisión.

Quien lo quiera hacer

Reyes le recuerda a quien se sienta ofendido legalmente, y crea que el mandatario ha procedido violentando el marco legal, tiene una alternativa.

“Cualquier ciudadano de este país puede presentarse a la Sala de lo Constitucional y presentar su caso, y haciendo uso de su independencia, de su sana crítica, de la jurisprudencia, es la que puede tomar una decisión al respecto”.

El FMLN advirtió que al colocar un militar al frente de esa cartera de Estado, se viola el espíritu de los Acuerdos de Paz, con los que se delimitó la función de la Fuerza Armada y la seguridad pública, además que se transgrede la Constitución de la República.

Roberto Lorenzana, Nidia Díaz, entre otros dirigentes, han dicho abiertamente que no apoyan la decisión que el mandatario tomó con Munguía Payés.

La telaraña

Funes declaró en la entrevista televisiva que “hay personas en la izquierda que no evolucionaron, y tienen telarañas en la mente”, aunque se debe agregar que eso lo hizo extensivo a la derecha política salvadoreña.

Ante ese señalamiento, Reyes respondió de la siguiente manera: “Un presidente de un Organo de Estado no debe entrar en ese tipo de debates que se basan en epítetos, en calificativos, en frases peyorativas. Un presidente de un Organo de Estado en todo momento debe mantener una altura, un respeto, una dignidad y no rebajarse a un debate de ese tipo, que creo que pone en entredicho la seriedad de un Organo de Estado”.

Y recuerda que “como funcionarios de elección popular estamos obligados a expresar opiniones, a favor o en contra de decisiones. Afortunadamente hoy tenemos poderes independientes, y ya no se nos puede regañar ni se nos puede callar, ni se nos puede decir qué hablar y qué no hablar”.

Lo que está en el centro del debate, asegura el diputado, no es la facultad del Presidente de nombrar ministros que está claramente establecida en el Artículo 168 y otros, lo que no se debe de evadir, señala, es la constitucionalidad de nombrar a un militar a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, que abiertamente viola la Constitución, los Acuerdos de Paz, y constituye un retroceso en nuestro proceso democrático.

“Me parece desafortunado que ante una situación, provocada por la salida del Ministro Melgar, se tenga que recurrir a una violación constitucional. Nosotros defendemos la Constitución, defendemos los Acuerdos de Paz, creemos que el país tiene que seguir por esa ruta marcada, que busca un Estado de seguridad democrática basada en la preeminencia del poder civil y no del poder militar”.

Respaldo al Ejército

Reyes señala que en la Carta Magna se establece el rol de la Fuerza Armada, y dice que su partido saluda y respeta esa facultad, y recuerda que “apoyamos a la Fuerza Armada, y hemos apoyado todas las gestiones para fortalecer ese rol, que es defender la soberanía y proteger el territorio nacional”.

Explica que el papel de la seguridad pública está asignado a civiles, y a su criterio cualquier constitucionalista, o entendido en la materia, tiene esa situación clara.

En su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa, enfatiza que tiene “la obligación de señalar cuando se está atropellando nuestra Constitución, cuando se está lesionando todo este proceso de democratización, que parte de un principio fundamental: los militares a la función militar, los civiles en lo que le corresponde a los civiles”.