EXIGENCIAS A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD

El asesinato de los esposos Manzanares se ejecutó con extremo sadismo, fueron degollados y se roció aceite y polvo blanco en sus cuerpos, así como en varios lugares de la vivienda, con el aparente objeto de alterar la escena del delito y borrar cualquier huella (lo que denota conocimiento del manejo policial de la escena).

Pese a los antecedentes de amenazas denunciadas por Marina Manzanares durante la campaña política de 2006, las autoridades fiscales y policiales adujeron públicamente desde el inicio de las investigaciones que se trataba de una acción delincuencial; el móvil político nunca fue investigado.

Abogados de FESPAD que representan a la víctima Marina Manzanares, han verificado que la investigación del crimen fue iniciada por agentes policiales de Suchitoto y luego por miembros de la División de Investigación de Cojutepeque de la Policía Nacional Civil, ambas instancias policiales cometieron graves omisiones en el procesamiento de la escena del delito, especialmente en lo relativo a la recolección de evidencia y la cadena de custodia.

Posteriormente, el caso fue asignado a la División de Investigación de Homicidios (DIHO), fue trasladado por unos meses a la División contra el Crimen Organizado (DECO) sin que ésta última realizara diligencia alguna. Luego fue reasignado nuevamente a la DIHO, la cual practicó diligencias de investigación durante los meses posteriores al crimen; pese a ello, el caso se encuentra inactivo desde el año 2007.

La dirección funcional de la investigación está a cargo de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCCO) de la Fiscalía General de la República, instancia que ha incumplido su deber constitucional de dirigir la investigación del delito y promover la acción penal en el caso; la única dirección funcional girada por esta unidad fiscal fue en el mes de junio de 2008, dos años después del crimen, lo cual se agrava porque las diligencias allí ordenadas no fueron practicadas.

Contrario a su deber de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, representantes fiscales han recriminado que Marina Manzanares denunciara la falta de justicia en el asesinato de sus padres; por el contrario, promovieron investigaciones y emitieron declaraciones públicas con el fin de vincularla a ella o a miembros de su familia en el crimen, sin fundamentos serios y acudiendo a fuentes anónimas cuya existencia es incierta.

Con el fin de impulsar jurídicamente el caso, FESPAD ha sostenido reuniones con miembros de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y los responsables del caso en la División de Investigación de Homicidios de la Policía, quienes se han comprometido reiteradamente a continuar con las indagaciones, en tanto que el expediente contiene información sustancial que no ha sido debidamente investigada. No obstante, tales esfuerzos han sido infructuosos debido a la falta de interés de las jefaturas de la UCCO y la DIHO, por lo que el caso se mantiene en la impunidad desde que ocurrieron los hechos.

En virtud de lo anterior, FESPAD ante la comunidad nacional e internacional, MANIFESA:

Denuncia que el próximo 2 de julio de 2009 se cumplirán tres años del cruel asesinato de Francisco Manzanares y Juana Monjarás de Manzanares, el cual se mantiene en la impunidad por la actuación negligente de las autoridades policiales y fiscales.

La impunidad del crimen constituye una vulneración a los derechos a la verdad y a la justicia, en el homicidio agravado de Francisco Manzanares y Juana Monjarás de Manzanares, por parte de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional Civil (DIHO) y de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (UCCO).

Rechaza las actuaciones fiscales dirigidas a vincular a Marina Manzanares con el atroz crimen de sus padres, tales afirmaciones e investigaciones han tenido por fin trasladar la responsabilidad a la víctima y omitir deliberadamente el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables del doble homicidio.

Hace un llamado a las actuales autoridades del ramo de Justicia y Seguridad Pública, Señor Manuel Melgar, Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Comisionado Carlos Asencio Girón, Director General de la Policía Nacional Civil, a fin de que se investiguen las razones por las cuales tan graves crímenes no han sido debidamente investigados, sin descartar la hipótesis de móviles políticos, la cual sigue vigente.

Asimismo, les llama a cumplir con su deber de investigar prioritaria y efectivamente el asesinato de Francisco Manzanares y Juana Monjarás de Manzanares sin descartar a priori cualquier motivación o causal del crimen.

Demanda a la Asamblea Legislativa, cumplir con su deber constitucional de nombrar de manera inmediata al Fiscal General de la República; cuyo perfil debe incluir su compromiso por investigar acciones y omisiones como las aquí denunciadas, superando la actual ausencia de un fiscal legítimo e independiente.

Requiere a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, emita la respectiva resolución sobre el caso, en cumplimiento a su deber de vigilar las actuaciones de la Fiscalía y Policía a fin de promover el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas.

San Salvador, 11 de junio de 2009.