Pablo Rodríguez fue asesinado por la espalda el sábado por la tarde mientras salía de la sede del partido FMLN y se dirigía a su vivienda. Según familiares y amigos, el compañero Pablo había recibido amenazas por su trabajo partidario, por lo que no descartan que el móvil pueda ser político.

El Compañero Pablo se destacó por su incansable trabajo revolucionario y de organización. Junto al pueblo de El Rosario contribuyó a lograr la contundente victoria del FMLN para gobernar ese municipio.

“Nuestra Comisión Política se solidariza con la compañera esposa del compañero Juan Pablo, nos solidarizamos con sus hijos, amigos y con todas aquellas personas que convivieron con él” manifestó el Secretario General del Partido, Medardo González, quien estuvo presente durante el funeral.

Nuestro Secretario General además hizo un llamado a la militancia para mantener la  actividad, “no se dejen impresionar, porque si nos dejamos amedrentar, ellos ganan la batalla, ni Juan Pablo ni otro héroe de nuestro país aceptaría que nosotros asumiéramos esa conducta” enfatizó el compañero Medardo González.

Asimismo el Secretario General, en nombre del FMLN, hizo un llamado a la PNC, a la Fiscalía General de la República y a todas las instancias pertinentes, exigiendo la investigación y el pronto esclarecimiento del crimen, cuyas características hacen sospechar que el móvil es político. Exigió además que se encuentre a los culpables para que se haga justicia y que tan abominable hecho no quede impune.

El Presidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión Política del FMLN, Sigfrido Reyes  también externó su apoyo a la familia y amigos, “sepan que cuentan con todo el partido, no los vamos a dejar solos, hemos venido a acompañarlos y a solidarizarnos. Nosotros estamos con ustedes y con el pueblo de El Rosario de La Paz”.

El compañero Sigfrido Reyes, recordó los acontecimientos del 11 de marzo pasado y dijo: “fue una jornada victoriosa, vinimos a celebrar ese cambio con ustedes y ahí estaba el compañero Juan Pablo, un hombre solidario, dispuesto a apoyar lo mejor para su pueblo” También expresó el repudio por el hecho y acompañó el llamado de todo el partido a la Policía y Fiscalía para que trabajen arduamente en esclarecer este crimen que calificó de cobarde. Llamó a  la militancia a mantenerse vigilantes y apoyar los verdaderos cambios que vienen para el municipio, tal y como lo hubiese hecho el Compañero  Juan Pablo.

¡Compañero Juan Pablo Rodríguez, hasta la victoria siempre!

Ayer, el diputado Carlos Cortez, dio iniciativa a una nueva pieza junto a sus colegas Nery Díaz y Manuel Flores, que pide respetar a los empleados municipales “en las 262 municipalidades del país”.

El partido de izquierda hizo énfasis en el artículo 59, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que establece como derecho: “la estabilidad en el cargo, en consecuencia no podrán ser destituidos, suspendidos, permutados, trasladados o rebajados de categoría(…)”.

Al tiempo recordaron que en los municipios como: Ilopango, San Luis Talpa, Tonacatepeque, Santo Tomás, Ayutuxtepeque, Chinameca, Chirilagua, Carolina, Ciudad Barrios, San Rafael Oriente, entre otras “se han dado despidos masivos de personal administrativos y operativo”, denunciaron.
Hace dos semanas el partido de izquierda presentó otra pieza, en la cual cuestionan los despidos.

Los parlamentarios pidieron a los concejos municipales que cuando tomen la decisión de despedir personal “se sigan los procedimientos establecidos por la Ley de la Carrera Administrativa…”.

David Ernesto Pérez
Redacción Diario Co Latino

Sin bombos ni platillos, pero con el fervor y respeto por los más de 900 asesinados en Las Aradas, Chalatenango, la Secretaría de Cultura (SECULTURA) declaró bien cultural protegido dicho lugar con el propósito de reparar a los familiares de las víctimas.

El caserío Las Aradas se ubica frente al Río Sumpul, y en este lugar, el 14 de mayo de 1980, efectivos militares de El Salvador, en complicidad con militares de Honduras, asesinaron a centenares de campesinos por habitar en zonas controladas por las fuerzas insurgentes.

La declaratoria por parte del ente estatal pretende convertirse en un acto de restauración histórica y moral, que a la vez abonará al proceso penal que aperturó el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la semana recién pasada.

“Las Aradas, creemos que es un lugar histórico, constructor de elementos sociales”, declaró en el evento conmemorativo, Sajid Herrera, Director Nacional en Investigación de Cultura y Arte.

La declaratoria reconoce que las fuerzas armadas del Estado asesinaron a gran número de campesinos de la zona, a la vez que la califica de “lamentable suceso que ha dejado huella en la población”.

Asimismo, prohíbe todo tipo de asentamientos en el lugar y la instalación de tendidos eléctricos, antenas telefónicas, gasolineras, entre otros.
A partir de ahora, Las Aradas también será un lugar en el que se realizarán investigaciones sociológicas, de historia, antropología, y de otras ciencias humanísticas.

“Se le da fuerza moral a la sociedad para no seguir ocultando sitios como este, es convertirlo en un referente para dar apoyo moral a estos procesos judiciales”, reiteró el funcionario de SECULTURA.

El Sumpul, cada año desde aquel 14 de mayo de 1980, recuerda a sus víctimas, a sus familiares, hermanos, tíos, padres y madres que murieron acribillados por las balas de las Fuerzas Armadas de El Salvador y la complicidad con sonrisa de media luna del Ejército hondureño.

Como siempre, los sobrevivientes y los habitantes de Las Vueltas, El Zapotal, y otros lugares aledaños descienden a pie varios cerros para llegar a las orillas de El Sumpul.

Una vez llegan al destino, conmemoran a sus muertos: les celebran misas, dramatizan el actuar de las fuerzas militares, escuchan testimonios y conviven con personas que llegan de Honduras.

La travesía no es fácil para nadie, incluso se rumora que han fallecido dos personas dada la inhospitalidad del terreno. Pero esto no detiene a los entusiastas de guardar la memoria de un hecho que conmovió a todo El Salvador.

En 1970, después del fin de la “Guerra del Fútbol” los gobiernos de Honduras y El Salvador establecieron una franja desmilitarizada de tres kilómetros en las fronteras de ambos países.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, el gobierno salvadoreño consideraba esta franja como “refugio de subversivos”, sumado a esto que las actividades contrainsurgentes aumentó el número de refugiados salvadoreños en el país vecino.

Cinco días antes de la masacre, las autoridades de los dos países se reunieron en Honduras; la prensa lo documentó ampliamente y lo difundió como un hecho singular.

El 14 de mayo, desde tempranas horas de la mañana, el operativo contra la población campesina arreció: casi un millar de personas fueron asesinadas tratando de huir hacia Honduras, las que lograron cruzar el Río Sumpul fueron devueltas por el ejército de esa nación y ultimados por los efectivos nacionales.

En ese ir y venir, Juan Tobar Lazo sobrevivió.
Él llegó a Las Aradas huyendo de la represión oficial, sin embargo, se encontró con un ataque letal. Centenares de personas eran asesinadas sin piedad, niños, mujeres y hombres morían acribillados.

Intentó cruzar el Sumpul pero estaba siendo ahogado por los cuerpos sin vida de algunas personas, se sumergió y llegó a la otra orilla. Desde esta evadió a los militares salvadoreños, se escondió y desde entonces cuenta su testimonio para mantener viva la memoria.

“Siempre cuento esto porque Dios me protegió (…) siempre hay que contar las injusticias del Ejército, siempre hay impunidad”, señaló el sobreviviente.
Algunas de las personas que evadieron al Ejército catracho llegaron hasta las aldeas más cercanas: unos murieron y los demás denunciaron los hechos con la ayuda de sacerdotes, entre estos Fausto Milla.

Semanas después de los hechos, los periodistas Gabriel Sanhueza Suárez y Úrsula Ferdinand, documentaron la masacre: restos óseos de las víctimas permanecían sin sepultura.

Las advertencias de Hugo Chávez sobre una posible agresión de EE. UU. al país latinoamericano están plenamente justificadas. Así lo afirmó el politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón.

Todo listo

Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”
Se ha desatado en la actualidad una problemática de enormes repercusiones para la seguridad jurídica en nuestro país, con la admisión por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de varios recursos de inconstitucionalidad contra la elección de cinco magistrados (as) de la CSJ propietarios y sus suplentes, así como de la elección del Fiscal General de la República realizadas legítima, legal y constitucionalmente por la Asamblea Legislativa el 24 de marzo pasado. Una admisión  de recursos que vulneran leyes precisas, valores fundamentales de la Constitución; y dibuja nubarrones sobre el futuro de la institucionalidad del órgano judicial a relativo corto plazo.
Las demandas tienen un fondo: forzar la pertenencia del Magistrado Belarmino Jaime en la Sala de lo Constitucional por seis años más sin haber sido designado como tal cuando fue electo en 2009 y anular las facultades constitucionales electivas de la Asamblea Legislativa, con lo cual se atenta contra la independencia de este primer órgano de estado, de sus potestades de elegir, establecidas en el artículo 131, numeral 19 (Cn), y se amenaza la integración de la CSJ con magistrados y períodos diferentes.
El efecto de satisfacer las exigencias contenidas en las demandas, sería devastador para la forma de gobierno, de la independencia de un órgano derivado de la elección libre y directa de la ciudadanía, que es de naturaleza pluralista, el único que en su conformación reúne las opciones políticas variadas y hasta contrapuestas de la ciudadanía, dado el sistema de representación proporcional; radicalmente diferente del de mayoría absoluta con que se elije la Presidencia de la República o de mayoría simple con que son electos los concejos municipales.
Si la Sala de lo Constitucional consumara las exigencias de los demandantes, estaría obligada a declarar inconstitucional la elección realizada por la Asamblea Legislativa en 2006. El resultado sería que los 5 magistrados propietarios y los suplentes electos en 2006, dejarían de ser magistrados. ¿Quedará la CSJ con cinco magistrados? ¿Dónde quedaría el valor de las actuaciones a lo largo de los pasados seis años? ¿Sé busca desmembrar la totalidad de la CSJ para simple comodidad de 4 de los electos en 2009? ¿Es esa la forma de resolver las diferencias internas de la CSJ evidenciadas a lo largo de los últimos tres años como conflicto entre dos grupos uno de 4 y otro de 11 magistrados?
La admisión de una demanda sin cumplir el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que manda acompañar copia de El Diario Oficial, y los alegatos inéditos de la Sala justificando la no presentación de los mismos agrava la situación, mayor aún resulta que una de las personas que se favorecería de una resolución favorable a la demanda, actúa como juez y parte violando principios constitucionales que le obligarían sin que nadie se lo pida, a excusarse de conocer la demanda.
Cuesta pensar que profesionales con reconocido prestigio, sean instrumentalizados por poderes fácticos interesados en la desestabilización institucional de nuestro país, pero la línea de actuación presurosa, irrespetuosa de leyes antiguas, claras y de principios elementales del sistema de justicia, indican que estos funcionarios están dispuestos a todo y por eso es que estamos frente a una tremenda violación de la soberanía popular por una fracción de la CSJ que se atribuye potestades desconocidas en la Constitución, misma que juraron cumplir.
La maniobra de poderes fácticos que ahora instrumentalizan a la Sala de lo Constitucional está encaminada a resolver sus intereses al margen de leyes, principios y de nuestra carta magna; empujan la usurpación de facultades dadas a la Asamblea Legislativa en el artículo 131 de la Constitución. Provocan intromisión inexcusable de una institución en otra. ¿Quiénes la planificaron? Debería saberse pronto. Lo que es notorio, es que ambientan su golpe contra la Asamblea Legislativa con la mayor cruzada a la manera que lo hacía la vieja Fuerza Armada en la guerra contrainsurgente (COPREFA), divulgando mentiras, promoviendo odio contra diputados (as) y sus familiares, como creaban animosidades antes de cometer asesinatos de líderes religiosos, políticos y sociales.
Es hora de detenerse, reflexionar y enfrentar esta situación. Es hora de realizar una defensa del cambio iniciado con la firma de la paz y los sucesivos avances logrados con esfuerzo por nuestra sociedad ahora amenazados.