Recientemente ARENA, en voz del diputado Rodrigo Samayoa, expresó su preocupación por la posible contaminación del Río Lempa, debido a la explotación minera en Guatemala, y mostró interés en aprobar una ley que prohíba la minería de metales en el país. Días después, el alcalde arenero de San Isidro y activista de Pacific Rim, José Ignacio Bautista, se declaró opositor a los proyectos mineros.

Sobre esto último no hay mucho que decir, más que el edil sanisidrense dice que rechaza la minería para desvincularse de Pacific Rim y evitar que se le relacione con los crímenes contra ambientalistas en Cabañas, especialmente con la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.

Las declaraciones del parlamentario Samayoa sí merecen atención, sobre todo por los probables motivos del sorpresivo cambio de actitud de ARENA frente a la problemática minera.

El primero es que ARENA actúa con un propósito meramente partidario, retomando las demandas populares. Esto, para revertir la caída en la aceptación de la población, reflejada en las últimas encuestas de opinión pública. En tal sentido, busca los réditos políticos de posicionarse contra la explotación minera, rechazada por amplios sectores nacionales.

El segundo motivo sugiere que el ex partido gobernante, ahora como principal fuerza de oposición, promueve una propuesta que el Gobierno del Cambio aborda con mucha indecisión y miedo, por razones aún desconocidas. Es decir, la Administración del Presidente Mauricio Funes se niega a impulsar una ley que prohíba la minería de metales, por lo que ARENA insiste en aprobarla.

Sin embargo, es posible que la nueva postura de ARENA sea auténtica. Esto es, el partido de oposición rectificó su antigua postura a favor de las empresas mineras y hoy intenta proteger al país de los graves daños ambientales, económicos, sociales e institucionales que causa las actividades de extracción de metales preciosos.

Si es así, ARENA debe demostrarlo, proponiendo de inmediato la aprobación de la nueva ley de minería propuesta por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en octubre de 2007, la cual prohíbe en forma definitiva la minería de metales y regula más estrictamente las actividades mineras no metálicas. Para esto debe buscar el apoyo de los demás grupos parlamentarios, principalmente del gobernante FMLN.

La nueva vocación ecológica del partido de derecha debería viabilizar también el aval a la Ley General de Agua, Ley de Ordenamiento Territorial y otras normativas necesarias para resolver urgentes problemas socio ambientales propuestas por centenares de organizaciones ciudadanas aglutinadas en el Foro Nacional del Agua y la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, que debería probar la voluntad política de ARENA.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.